Tres por tres

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“Tres por tres, lucha constante por consolidar la transparencia en los procesos electorales.”
Por: Daniela García Rosas

La ONG Transparencia Mexicana, a través de su iniciativa denominada “tres por tres” ha venido impulsando la idea de que todo aquel candidato a un puesto de elección popular se comprometa a presentar ante el pueblo, ante los votantes, su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración de impuestos, de ahí su nombre de “tres por tres”.

Transparencia Mexicana, pretende consolidar dicha práctica, la cual hasta hace poco era prácticamente inexistente, con la finalidad de que se generalice como una buena práctica en los comicios, con miras al 2018, el objetivo no es otro sino el desarrollo de elementos para una nueva cultura política, fundada con base en una mayor apertura frente al ciudadano por parte de quienes aspiran a ocupar un puesto de elección popular.

Tres por Tres pretende que para el año de renovación de la presidencia de México, así como de la totalidad del Congreso, la mayor cantidad de candidatos ponga en manos de la opinión pública la información sobre su patrimonio, su compromiso fiscal y las áreas de un posible conflicto de intereses. Lo anterior con la finalidad de que México sea contemplado como una democracia funcional y efectiva, en la que esa información sobre el candidato sea fundamental. ¿Quién es el candidato? ¿Qué bienes, derechos y elementos conforman su patrimonio? ¿Ha sido responsable con sus obligaciones fiscales? ¿Enfrenta algún conflicto de interés?

El país esta necesitado de normas, procedimientos y elementos que le permitan hacer frente a la corrupción, al conflicto de intereses y a la opacidad en la clase política. Una nueva práctica sobre todo en materia política, requiere de cambios no sólo normativos e institucionales, sino además de una opinión pública exigente que en la práctica obligue que se cumplan dichas prácticas.

Aunque en nuestro país de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es obligación de todo funcionario presentar una declaración patrimonial, los candidatos a puestos de elección popular no tienen que hacerlo, en ese sentido es que la iniciativa propuesta por Transparencia Mexicana, busca que la figura de declaración patrimonial con carácter público pase a formar parte del proceso electoral.

Según la propia página web de Transparencia Mexicana, analistas como Luis de la Calle, han señalado como mandatorio para restaurar la confianza en la clase política que la declaración fiscal se haga pública. Específicamente, De la Calle señala que los funcionarios podrían hacer pública sus declaraciones de los 5 años anteriores al momento en que tomarán posesión de un cargo, lo anterior, tomando en cuenta que los funcionarios son responsables del manejo presupuestario o si el Congreso es responsable de la asignación presupuestal, aquellos funcionarios involucrados en dichos procesos deben probar que han contribuido a generar los recursos públicos que habrán de administrar o sobre los que tiene influencia directa en sus decisiones. La declaración de impuestos es un fácil camino para comprobarlo.

En aras de consolidar políticas que impliquen un buen gobierno, es que Transparencia Mexicana a puesto en marcha dicha iniciativa, sin embargo es importante no perder de vista que los logros aún dependen de la voluntad de los candidatos o funcionarios, ya que el hecho de que dicha “iniciativa” quede plasmada en una norma, depende de la recolección firmas de ésta.

Sesión inaugural Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados

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Por Daniela García Rosas

 

Sesión inaugural Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

El pasado 30 de septiembre, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, se congratuló con la presencia del Secretario de la Función Pública- Virgilio Andrade Martínez- en la sesión inaugural de su Comité Anticorrupción, evento llevado a cabo bajo la coordinación de los Maestros Sergio Eduardo Huacuja Betancourt y Enrique Hernández- Villegas.

Al inicio de la sesión- comida realizada en el club 51 de Torre Mayor, los coordinadores del evento dirigieron unas palabras a los presentes, que aunque breves también concisas, al tiempo que agradecieron la asistencia de figuras de gran relevancia jurídica como lo son el vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, José Mario de Garza; el coordinador de la Comisión de Ética, Gonzalo Alarcón; Roberto Hernández García como Titular del Comité Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.

En palabras del Maestro Sergio Huacuja “…dentro del contexto de la recientemente publicada reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano se han planteado nuevos mecanismos para enfrentar este cáncer (corrupción) que lacera nuestra sociedad, para lo cual el Ejecutivo Federal ha dado importantes pasos para cumplir con este mandato supremo, por ello es imprescindible conocer cuál es la orientación de la Secretaría de la Función Pública y la interacción que el gremio de abogados frente al tema y fijar una postura axiológica como postulantes, empresarios, consultores, educadores investigadores y servidores públicos y establecer cuál será el papel como agentes de cambio, difusores de la nueva cultura de legalidad…”, lo cual nos lleva a pensar en la extrema importancia que reviste la Secretaría de la Función Pública y en el protagonismo que desde ya, lo inviste y en consecuencia la colosal labor de su titular.

El Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, a manera de romper el hielo al inicio de su ponencia sobre el “Rediseño Institucional de la Secretaría de la Función Pública frente al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”, manifestó su apertura para que al término de la misma se le hicieran los cuestionamientos que los asistentes quisieran realizarle con un sutil “nada más faltaba”,  acto seguido comenzó su exposición.

Entre los puntos más importantes mencionados en la exposición del Secretario, se encuentran los siguientes:

  1. El Contexto general del Sistema Nacional Anticorrupción, está conformado por las reformas en materia de combate a la corrupción, las reformas en materia de transparencia y por las acciones ejecutivas planteadas el 03 de febrero por el Presidente de la República. Lo que lleva al cuestionamiento sobre ¿Cómo se va a rediseñar la Secretaría frente al sistema, cuáles serán sus atribuciones y sus retos a enfrentar?
  1. La reforma en materia de transparencia es revolucionaria, en el sentido que obliga no sólo a tener la información disponible para quien la solicite, sino que la misma debe estar siempre disponible; asimismo obliga a que mucha de la información que hoy no se estaba acostumbrado a tener, como lo son los elementos presupuestales o de desempeño van a tener que estar en línea sin petición por parte de la ciudadanía; el manejo de la información va a depender de un órgano autónomo; dicha información debe ser proporcionada no sólo por el gobierno federal- entendido como poder ejecutivo- sino que también los otros dos poderes-legislativo y judicial-, los órganos autónomos- en el orden de 9- más los partidos políticos y los sindicatos, a lo cual comentó que será interesante ver la información de éstos respecto de los sueldos de sus funcionarios.
  1. La reforma en materia anticorrupción contempla rubros de extrema relevancia como lo son: la ampliación de la figura de extinción de dominio, casos de enriquecimiento ilícito; así como la división entre faltas graves y no graves en las responsabilidades de los servidores públicos; que ahora la Constitución invita a distinguir de inicio entre faltas graves y no graves, dado que se ha desarrollado un modelo en el que las faltas no graves seguirán siendo sancionadas directamente por a SFP o sus equivalentes, pero las faltas graves pasan a un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que será totalmente autónomo.
  1. El primer reto será definir qué faltas serán graves y aquí se apuntaría a que aquello que tenga que ver con corrupción serán graves, pero entonces ¿qué es corrupción? Definición que pudiera involucrar el contenido de tratados internacionales, y por otro lado ¿el conflicto de interés será considerado grave o no grave?
  1. ¿Cuál será el papel de la ASF en la dimensión de la cuentas?, resulta importante y necesario definirlo pues ésta revisa cuentas bajo un principio general de posterioridad, sin embargo con las mencionadas reformas podría aplicar el principio de simultaneidad; y por otro lado ¿Cuál va a ser el papel de la SFP?, ello dado que ésta desarrolla tres grandes tareas: 1. Control y responsabilidad, respecto de conductas graves y no graves de los servidores públicos, para saber cuándo intervendrá el Tribunal; Auditoria, aquí es donde entra el dilema de la división del trabajo entre la SFP y la ASF y  3. Mejora de la gestión.
  1. Las dimensiones de la SFP ya vinculadas a la reforma, se refieren a que ésta tiene como instrumentos la auditoria, el control y del régimen de responsabilidades, así como lo concerniente a la mejora de la gestión y de todo aquello tendiente a generar buen gobierno; el rubro de faltas no graves, mismo que va a tener que ir mas allá de lo punitivo y establecer regímenes de buenas prácticas, por otro lado la pre investigación le seguirá correspondiendo a la Secretaria.
  1. Otra variable o reto a enfrentar por parte de la Secretaría será que con la leyes que completarán las reformas en materia anticorrupción, se modificará el nivel de la intervención de la SFP, leyes que tienen que ver con: coordinación del sistema nacional anticorrupción, responsabilidades de los servidores públicos (graves y no graves); conflicto de interés; sistema de gestión, control y evaluación; la ASF y su reasignación de facultades, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus medios de impugnación y sus facultades de interpretación; y la manera de concebir a la Secretaría en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Al término de la exposición, el maestro Sergio Huacuja abrió el tema a debate, dando como resultado una fructífera retroalimentación e intercambio de opiniones entre los miembros presentes y el titular de la Secretaría de la Función Pública, debate en el que cabe resaltar, no se limitó a ningún asistente respecto de la temática de la pregunta, con lo que queda claro que se tiene la intención por parte del gobierno federal, a través de la  Secretaría de la Función Pública, de interactuar con el sector social y académico para el mejor funcionamiento del recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción.

Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

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Por Daniela García Rosas

 

Un golpe más a la corrupción. Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

La corrupción ha sido un tema de constante preocupación, pues no ha dejado de aquejar a nuestro país. Incluso en los últimos meses de 2012, fecha de la más reciente clasificación de la ONG Transparencia Internacional, ubicó a México en el lugar número 22 de 31 países evaluados en América como menos corruptos, lo que indica que se tiene un gran camino por avanzar en el combate de este mal; sin embargo, tal como lo mencionó la OCDE en sus indicadores, no basta un organismo autónomo para terminar con el fenómeno de la corrupción.

Como ya es sabido que como parte de los esfuerzos realizados por México en el tema, el 20 de mayo se publicó la reforma con la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, con esta reforma se dota al mencionado sistema de atribuciones amplias para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción. En complemento al Sistema y ante la necesidad de constituir un esfuerzo conjunto entre los ciudadanos y el gobierno, para fortalecer la ética y la integridad en el servicio público, derivada de la demanda social de que el gobierno tome medidas eficaces en el combate a la corrupción, es que el pasado 20 de agosto la Secretaría de la Función Pública expidió el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Dicho protocolo, tiene como objeto delimitar el campo de actuación en el actuar de los servidores públicos y de los particulares que intervengan en los referidos procedimientos.

Para el caso de los servidores públicos y residentes de obra, el protocolo traza las directrices generales a observar en su contacto con los particulares, entre las que destaca que las conversaciones vía telefónica serán grabadas y que las reuniones serán video grabadas, de ahí que surja el cuestionamiento con relación al respeto a la privacidad y datos personales; al respecto el mismo protocolo señala que se deberán adoptar medidas para proteger los datos personales de los particulares. Sin embargo, no establece el alcance de dichas medidas, pero señala que se debe procurar la comunicación escrita.

Establece qué actuaciones deben seguir para el caso de las reuniones con los particulares -de las que se debe informar al superior jerárquico- así como con las visitas a los inmuebles que se relacionen con los procedimientos de contratación, y en actos públicos; rubros en los que es importante destacar que deben dar aviso al Titular del Órgano Interno de Control con cuando menos dos días de anticipación para éste envíe un representante a estos actos.

A los particulares únicamente se les impone la obligación de presentar un manifiesto de sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, con los servidores públicos, que en orden jerárquico, van desde el Presidente de la República hasta los funcionarios de las dependencias o entidades contratantes que intervengan en los procedimientos.

En conclusión, México en su incansable búsqueda por erradicar la corrupción, es que ha creado esta serie de ordenamientos, en aras de combatir las posibles conductas tanto de servidores públicos como de los particulares que pudieran llegar a exacerbar este mal, lo cual, sin duda representa un significativo avance por parte de nuestro país en esta área.